Seguridad y soberanía alimentaria
Por:
Miryam Kurganoff Gorban
En el orden mundial se ha ido extendiendo la crisis económica que, desde nuestro enfoque tiene entre sus componentes fundamentales el componente alimentario, y este a su vez ligado a la crisis financiera, energética, medioambiental, que afecta a la civilización en su conjunto. Es una crisis resultante del modo de producción, de comercialización, de distribución de bienes y servicios basados en los conceptos neoliberales de globalización y de imposición de las leyes del mercado. Como resultado ha crecido la pobreza y la marginalidad en gran parte del planeta, suman ya más de 1000 millones los hambrientos según la FAO y los objetivos del milenio fijados en décadas pasadas, de reducir la pobreza y el hambre a la mitad de lo existente en 1996, están lejos de alcanzarse.
Este contexto está condicionado por el alto precio alcanzado por los «comoditties», en especial alimentos y petróleo. Eso hace que en los países dependientes de la importación de alimentos y energía, grandes masas de población se sumen al ejército de hambrientos, y en aquellos que los producen excedentariamente, el aprovechamiento de esos bienes quedan en manos de quienes son propietarios de las compañías oligopólicas que por su grado de concentración económica y del rol que el Estado pueda jugar en ellos, ya sea estando «ausente» (como sucediera en la década del ’90) según el modelo neoliberal, o por contrario que tenga presencia como ente regulador para que haya una distribución equitativa.
Un panorama diferente ofrece hoy América Latina, que en 2000 alcanzaba a tener 60 millones de pobres que ha logrado reducir a 49 millones en 2011, según cifras de la FAO. Y es el único continente donde su crecimiento se asocia al del desarrollo, los índices que señalan el aumento de su PBI, señalan también la mejoría de todos los indicadores sociales. Y eso ha sido posible por un elemento central: el acceso a los bienes y servicios, facilitado por políticas públicas aplicadas en la mayoría de los países de la región que han aumentado sus inversiones para garantizarlo, mejorando los ingresos de la población vulnerable, disminuyendo cifras de desempleo y dictando leyes de protección y asistencia a niños y niñas, a adultos mayores, a mujeres, a pobladores rurales, a pequeños productores, al desarrollo asociativo y cooperativo y al fortalecimiento de las instituciones, a la suma de políticas efectivas económicas, sanitarias, sociales o culturales.
Si hay que hablar de una Política Alimentaria hay que señalar que depende en esencia de cómo se producen, se procesan, se comercializan y distribuyen los alimentos. Y de garantizar el acceso a la tierra, al agua a los recursos genéticos, a la producción sostenible, garantizados por una red social fortalecida y desarrollada en el territorio. Esa política se asienta en los principios rectores de la seguridad alimentaria que requiere de que haya disponibilidad de alimentos, de que ella sea sustentable, que garantice su acceso a precios justos, y cuyas condiciones de calidad e inocuidad contribuyan a preservar la salud y el bienestar de toda la población.
En nuestro país, la alteración de esos indicadores dieron lugar a la crisis de 2001, con una población sumida en la pobreza que alcanzó 54%, y del que el 27,7% era indigente, con un desempleo de alrededor del 24%; y una inflación referida especialmente a los alimentos constitutivos de su canasta básica.
Hoy y aquí corresponde señalar las variaciones producidas en esos valores. La reducción de la pobreza, indicador esencial del bienestar, señala que se ha reducido esta al 6,5%, la indigencia al 1,7 %, y el desempleo al 6, 9 por ciento. Los datos son los difundidos por el Indec para 2012 y aunque analistas privados señalan números tres veces superiores a los referidos, la mejoría es muy marcada. Claro que se mantienen las diferencias con las distintas zonas del país, siendo mayores en el NOA y NEA y menores en la Patagonia.
Al señalar como causal de la situación en el mundo, en la región y en el país la persistencia de un modo de producción que responde en líneas generales al sistema capitalista hegemónico, corresponde señalar que ese sistema se caracteriza, hoy y aquí, por la concentración y transnacionalización de la economía orientada al comercio de alimentos, la volatilidad de precios, el aumento de la demanda desde algunos países como China e India dado su mayor crecimiento, el aumento y la disparidad del precio de la energía, a la que se suma la producción de agrocombustibles a partir de alimentos, el aumento del uso de elementos llamados «fitosanitarios», por la escasez por un lado de tierras cultivables y por el otro por el acaparamiento de las mismas de parte de Estados o de capitales transnacionales para la producción de materias primas exportables. El cambio climático derivado en gran medida (casi el 50%) por el modo de producción y comercialización de alimentos, el entrelazamiento de los intereses económicos orientados al lucro entre la industria alimentaria, la petrolera, los laboratorios, el patentamiento y la propiedad de las semillas, la disminución de la biodiversidad, el desarrollo de la biotecnología aplicada al sector que logra el crecimiento «más rápido» de los pollos, de las carnes o logra producir más leche, la especulación financiera basada en las «compras a futuro» (se señala que ya hay siete cosechas vendidas cotizadas en Bolsa) y la aplicación, tanto en la minería como en la agricultura de un sistema denominado extractivista, por sus consecuencias que consideramos de «saqueo» de bienes naturales de países en desarrollo.
El proceso de extensión y crecimiento de ese modelo de «desarrollo agroindustrial», basados en la política del agronegocio y del lucro para pocos, se contrapone con el de la «agroecología» que se asienta en la agricultura familiar y que, a través de miles de años, ha mantenido al planeta desde la base, de modo diverso, sustentable, adecuado a las culturas originarias, suministrando alimentos sanos inocuos y suficientes en calidad y cantidad para abastecer a toda la humanidad.
Los riesgos neoliberales de alimentarse provienen de una industria globalizada, empaquetada, mil veces transformada, con etiquetado de trazabilidad y de composición nutricional, causante a su vez de las crisis de la vaca loca, las dioxinas de pollos y la gripe porcina entre otros tantos casos dados a conocer, que han beneficiado a las grandes empresas, han constituido verdaderas barreras sanitarias o aduaneras para favorecer la colocación de sus productos a la que hay que sumar una política sanitaria de autorregulación que ha producido estos resultados.
En el plano nacional, hoy y aquí, señalamos que, pese a los pasos dados para ese modo de producción y que debemos valorar de manera especial, persisten los problemas estructurales que hacen a una concentración y extranjerización de la economía, en especial de aquellas empresas que centran su actividad en la cadena alimentaria desde la producción hasta la distribución de los alimentos considerados como una mercancía más que como bienes necesarios para mantener la vida, y que se suma a lo ya señalado en el orden universal. En nuestro país, en especial, está determinada por el monocultivo sojero y la utilización y desarrollo de las semillas transgénicas, que se destinan a la producción de carne a través de los «piensos» por un lado y de los agrocombustibles por el otro a partir de la soja, el maíz y el azúcar. Corresponde señalar que la producción de organismos genéticamente modificados (OGM) (maíz, soja, canola, algodón) se lleva a cabo en América en un 97%, siendo los mayores productores Argentina y Brasil, que está prohibida en Europa y que sólo en España se reservan a ese cultivo 100 mil hectáreas. A eso debemos agregar que ese modo de cultivo, la «siembra directa», requiere de un uso desmedido de agrotóxicos, plaguicidas, herbicidas que generan dependencia tecnológica y efectos graves en el desarrollo de enfermedades malignas, como cáncer, leucemias, malformaciones congénitas, enfermedades bronquiales y efectos sobre el sistema hormonal por la acción de los disruptores endocrinos presentes en ellos.
Persiste y se ha acentuado, pese a la Ley de Bosques, la deforestación, la desertificación, la sustitución de los bosques nativos por plantaciones industriales, el remplazo de cultivos por aquellos exportables de mayor rendimiento económico, a los que sumamos los desalojos, la mecanización de la agricultura y la migración de agricultores a las grandes ciudades, constituyendo el cinturón de villas miserias, sin servicios públicos, sin viviendas sociales, con hacinamiento, provocando a su vez una problemática social y sanitaria compleja.
Es necesario remitirse a los informes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) que señala que a partir de la sanción de esta ley reglamentada ya en 2009, se deforestaron y desmontaron más de un millón de hectáreas de los bosques de Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, entre otras provincias, expandiendo la frontera agropecuaria pero al mismo tiempo impactando sobre el clima, sobre los ríos y los cursos de agua de esas regiones de tanta riqueza y biodiversidad, sobre su equilibro ecológico, sobre la conservación de sus tierras tan fértiles, generando mayor producción de gases de efecto invernadero que se pretenden morigerar. Hay que sumar el tema de la disputa por la posesión de la tierra, por parte de campesinos, sus poseedores por varias generaciones con nuevos dueños tenedores de «títulos espurios» que dejaron como saldo varios muertos y heridos, que se suman al incumplimiento de las leyes.
La historia reciente de América Latina no habla ya de «golpes de Estado» sino que se expresa a través de «golpes de mercado», contra gobiernos constitucionales de la región, creando malestar en la población, inestabilidad política e institucional, utilizando acaparamiento, desabastecimiento, inflación especialmente en los productos componentes de la canasta básica. Revisemos la caída de Perón con la política de «precios máximos», de Illía con el intento de frenar a los laboratorios de medicamentos, de Alfonsín con la hiperinflación, de los bloqueos de ruta y vuelco de 6 millones de litros en 2008, así como en el resto de América, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia.
En nuestro país esa economía hace que las grandes empresas se concentren en distintos rubros y se manejen fijando los precios. ¿Hace falta nombrarlas? Pero como si esto no fuera suficiente cuatro de estas empresas han constituido un consorcio de cooperación entre ellas para la compra de insumos no estratégicos en los próximos cinco años para abaratar costos y sostienen que presionarán para la fijación de bajos precios a un extremo de la cadena, la referida a los pequeños productores y a la formación de precios elevados a los consumidores en el otro extremo. Al mismo tiempo, se produce lo que se ha dado en llamar una «puja distributiva», que hace que se aumenten los precios cada vez que aparecen mejoras como la de aumentos de salarios, o beneficios sociales, o cobro de aguinaldos, por ejemplo, sin mejorar la oferta y sí multiplicando sus ganancias.
Un párrafo especial merece la producción de agrocombustibles que, en nuestro país y en la región, se han desarrollado en los últimos años y son subsidiadas. Peter Braveck presidente de Nestlé, empresa internacional de alimentos, afirma que «los países deben dejar de producir agrocombustibles si quieren controlar la inflación» y Dubois de la FAO sostiene que son causales de la inflación por competir con la producción de alimentos. Ese tipo de producción requiere de enormes extensiones de tierra, y en ese proceso demandan gran cantidad de agua para el riego, requieren a su vez maquinarias, y productos derivados del petróleo como son los herbicidas, destruyen los ecosistemas y contaminan los suelos, los ríos, los valles. Basta con señalar que para llenar un tanque de combustible para un automóvil, se utilizan granos que podrían alimentar a una persona durante un año.
Y la Argentina se ha colocado entre sus primeros productores como elemento de exportación. De 2006 a 2011 esa producción alcanzó un aumento del 2250%, posicionándose como líder en el mercado mundial, en especial en la de biodiésel a partir del aceite de soja alcanzando a casi 3 millones de toneladas, de uso en el mercado interno por la obligación y el subsidio que obliga al corte de las naftas hasta alcanzar el 10% de ellas. Su producción está más orientada al mercado externo y es así que España nuestro principal comprador (un millón de litros) por su crisis dejó de hacerlo, creando una nueva crisis que ha de volcarse en el mercado interno. A eso hay que sumar que 400 mil toneladas de maíz serán usadas para producir etanol en Córdoba con inversiones de ADM y Aceitera Deheza, y en Tucumán se utiliza parte del azúcar que produce la provincia con el mismo fin. Nuestro país se caracteriza por ser autónomo en la producción de alimentos, dada su variedad de climas y la riqueza de sus suelos, es decir que no los importamos, pero gracias a las condiciones que señalamos ha disminuido esa biodiversidad ya que mientras la producción de soja aumento en pocos años hasta el 60% de la producción cerealera, la de trigo disminuyó hasta un 11% del total. Si seguimos lo planificado por el Plan Estratégico Alimentario que prevé aumentar este tipo de producción, la orientada a la exportación. ¿Crearemos nuevas dependencias?
El desmantelamiento y privatización del ferrocarril de la década del ’90 ha modificado el sistema de transporte y en especial el de carga que en la década del ’80, llegó a transportar el 80% de la producción agropecuaria, habiéndola encarecido notablemente con esta modalidad. Debemos considerar que una formación de trenes equivale a transportar la carga de 50 camiones, y que este tipo de transporte, deja de ser rentable después de 300 km considerada del centro de producción al de distribución. Se evalúa que los cambios climáticos, preocupación esencial de gobiernos y organizaciones internacionales, se originan casi en un 50% en producción, empaquetado, distribución, conservación y desechos de los alimentos y son responsables de la sucesión de sequías e inundaciones, de frío y calor extremos en el planeta, del calentamiento global y del aumento en la producción de gases de efecto invernadero.
Señalamos las razones que afectan la seguridad alimentaria pero al mismo tiempo señalamos la modificación en sentido positivo de indicadores económicos y sociales y los cambios operados a partir de 2003 que muestran un camino basado en el desarrollo de políticas públicas y de decisiones políticas inclusivas orientadas en el sentido de garantizar el acceso a la alimentación basados en el derecho de todos los ciudadanos a ella.
Hoy y aquí corresponde señalar que el aumento de la producción, del empleo, de los salarios dignos, de la ampliación de los servicios sociales y previsionales la implantación de la Asignación Universal por Hijo acompañada de obligaciones de controles sanitarios y de matrícula educacional para hacerla efectiva han jugado en estos cambios un papel destacado. Sumamos una legislación moderada en el control de la extranjerización de las tierras, la ampliación de créditos a los pequeños y medianos agricultores, comerciantes y empresarios, la promoción de huertas familiares, comunitarias, escolares, la promoción de iniciativas de cadenas cortas de comercialización, de producciones regionales, de ferias populares y de productores, la ampliación de créditos para la vivienda social, la realización de obras de infraestructura, caminos, obras sanitarias de acceso al agua potable y a las cloacas, hospitales y escuelas, el comienzo de una política orientada hacia los agricultores familiares. Agreguemos además la recuperación y nacionalización de las empresas del Estado, como Correos, Aguas Sanitarias, YPF, el plan de recuperación de los ferrocarriles en especial los de carga, que han marcado una mayor presencia de ese Estado, cumpliendo sus funciones de regulador y de agente distribuidor equitativo de la riqueza.
No es menor para los nutricionistas referirse a las últimas medidas tomadas para el congelamiento de los artículos que componen la canasta de alimentos, hecho que debemos valorar adecuadamente pero señalando que para que sea efectiva habrá que orientarse a los verdaderos formadores de precios: las empresas alimentarias (alrededor de 5000 en nuestro país), que representando sólo el 6% de ellas significan el 86,1% de la facturación total del mercado de alimentos. Tampoco es menor la iniciativa de acciones tales como la de «Carne para todos» o «Fruta para todos» promoviendo la venta de alimentos a menor precio en las barriadas populares, medida esta que sería efectiva si mantuviera cierta regularidad, y controles con participación popular.
Se inició un camino. Lo estamos recorriendo. Es mucho lo que falta para alcanzar la soberanía económica y política del país que oriente a nos fijemos el objetivo de alcanzar una soberanía alimentaria basada en los principios de sustentabilidad, equidad, estabilidad y autonomía para decidir qué, cómo y cuánto producir de acuerdo a nuestras necesidades, respetando nuestra cultura fijando políticas propias.
Editorial de del15/6/2013 de Tiempo Argentino